Cato Institute

Hace unos meses Paul Krugman aseguraba que España debía abandonar el euro y devaluar su moneda para resolver sus dificultades fiscales. Ahora volvió a la carga con la misma política, pero agregó que la devaluación argentina de 2001-2002 debiera ser tomada como un ejemplo de lo que Grecia y los países europeos en problemas debieran hacer para abandonar la crisis en las que se encuentran inmersos.

El gobierno argentino no pudo evitar la tentación de utilizar las desafortunadas palabras de este Premio Nobel para demostrar lo correctas que han sido las políticas implementadas en la última década.

Mi objetivo en este artículo es intentar esclarecer lo ocurrido en la historia económica argentina reciente para arrojar algo de luz sobre un tema tan delicado en el campo de la política económica.

El menemismo (1989-1999)

Tras el retorno a la democracia en 1983, y la asunción de Ricardo Alfonsín al frente del gobierno, la Argentina experimentó serias dificultades económicas que terminaron con su renuncia anticipada en 1989 y un proceso hiperinflacionario descontrolado.

Carlos Saúl Menem asumió en dichas circunstancias y tras dos años de desaciertos, encontró un equipo económico liderado por Domingo Cavallo que le permitió encontrar una respuesta a la situación. El déficit fiscal ya no podía ser financiado con emisión monetaria y no había acceso al crédito externo, por lo que sólo podían obtenerse ingresos a través de la privatización de empresas públicas deficitarias. Entre 1991 y 1993 la Argentina implementó la convertibilidad de un peso por un dólar, privatizó las empresas públicas deficitarias, acordó el Plan Brady, salió del Default, ingresó al MERCOSUR y privatizó el sistema de pensiones.

Lo que nunca consiguió la economía argentina fue eliminar el déficit fiscal, aunque en 1993 el ingreso de divisas obtenido por las privatizaciones, le permitió acomodar las cuentas. A partir de 1994 el gasto público comenzó a crecer y con ello el déficit fiscal, el cual siempre fue financiado con crédito externo.

La economía argentina gozó de estabilidad, pero mientras mantuviera el déficit fiscal su crecimiento estaba atado a continuar tomando deuda externa, la que siempre consiguió extender a través del Fondo Monetario Internacional como su principal garante.

Sorprendentemente Menem consiguió un acuerdo con el radicalismo para modificar la Constitución Nacional y que se le permitiera ser reelecto en 1995, pero desde entonces las complicaciones fueron cada vez mayores.

El efecto tequila de 1995, la crisis asiática de 1997, la crisis rusa de 1998 y la devaluación de Brasil de 1999 representaron cuatro duros golpes para la economía argentina, que empezó a tambalear desde el tercer trimestre de 1998.

Entre el menemismo y el kirchnerismo (1999-2003)

En 1999 Fernando De la Rúa ganó las elecciones y decidió mantener la convertibilidad, pero no encontró el modo de controlar el déficit fiscal, mientras las adversidades externas continuaban y el dólar se fortalecía.

Tras una nueva renuncia anticipada en diciembre de 2001 y una alternancia en el poder que nos dejó con varios presidentes y la declaración del default, Eduardo Duhalde decidió abandonar la convertibilidad, pesificar los depósitos y devaluar la moneda.

El PIB argentino cayó en 2002 más de un 10 % y comenzó un proceso de ajuste sobre el tipo de cambio que abandonó la paridad 1 a 1 para pasar a un aproximado 3 a 1, controlado entre bandas.

El Kirchnerismo (2003-2011)

En 2003 se llamó a elecciones y Néstor Kirchner alcanzó el poder con menos del 23% de los votos. La economía argentina apenas iniciaba un proceso de recuperación para salir de una profunda depresión.

Tras la fuerte devaluación, el dólar de 2003 era caro, los salarios pasaron a ser muy bajos en esa moneda, y la industria se volvió competitiva.

El contexto internacional cambió: 1) Los shocks internacionales desaparecieron durante los cinco años siguientes hasta la crisis subprime de 2008; 2) EE.UU. abandonó el dólar fuerte; 3) China se convirtió en la fábrica del mundo, demandando nuestros commodities y elevando sus precios a niveles récord; 4) Brasil dejó revaluar su moneda, contrariando su propia historia, lo cual benefició nuestra balanza comercial con aquel país.

Bajo este contexto, la economía argentina emprendió un acelerado proceso de recuperación.

El gobierno, sin embargo, obstaculizó el proceso.

Primero se hizo accionista del campo y aprovechó las retenciones a las exportaciones para obtener una fuente de ingresos que período tras período se hacía más indispensable. La “guerra con el campo” será uno de los factores más destacados de la historia argentina de esta última década.

Segundo comprendió equivocadamente que subir el tipo de cambio le permitiría hacer más competitiva a la industria, al tiempo que aumentaba la recaudación tributaria, fruto de esas mismas retenciones. Esto llevó a una subida gradual del tipo de cambio del 3 a 1 al presente 4 a 1.

Tercero, y ligado a lo anterior, decidió emitir moneda para financiar parte del presupuesto. Esta es, en definitiva, la causa principal de la escalada inflacionaria que analistas privados estiman entre el 22 y el 30 % (contra el dato oficial del Indec en torno al 10 %).

Cuarto, estatizó las pensiones, sabiendo que le permitía dejar de acumular una deuda impagable que mes a mes asumía ante las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) para poder pagar las pensiones de los actuales jubilados y pensionados; hacerse de los fondos gestionados entonces por las AFJP; y acumular como “impuestos” las futuras recaudaciones de los “ahorros” de los trabajadores.

Quinto, exigió al Banco Central de la República Argentina que prestara una suma importante de reservas en dólares para cancelar todos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y con ello renunciar a ser auditado por cualquier organismo multilateral de crédito.

Lo dicho le permitió aumentar el gasto público consolidado desde un 30% hasta un 45% sobre PIB. Los analistas políticos detallan cómo el gobierno desarrolló un trabajo de hormiga acordando con gobernadores e intendentes la entrega discrecional de fondos, sujeto al apoyo del modelo. Los casos de posible corrupción incluso se extienden a la compra de diputados y senadores en los votos por leyes clave del Congreso.

En 2007 hubo elecciones y el kirchnerismo volvió a ganar, pero entonces con Cristina Fernández de Kirchner como presidente. Néstor Kirchner no abandonó, sin embargo, el manejo del poder. Acompañó a su esposa como un virtual Ministro de Economía y participó de cada decisión que se tomó en la Casa Rosada u Olivos.

Entre 2007 y 2011 la política siguió el mismo rumbo. El fallecimiento de Néstor Kirchner colocó a su esposa como la candidata del oficialismo para las próximas elecciones. Tras una larga indecisión, posiblemente como consecuencia del duelo, Cristina Fernández de Kirchner acaba de candidatearse en este mes de junio para la reelección y lidera las encuestas en vistas de las próximas elecciones presidenciales de este año. Con una oposición dividida, los analistas políticos coinciden en que muy probablemente el gobierno consiga la reelección.

En pocas palabras, cuando la economía crece —en cualquier país del mundo— la sociedad coincide en “no innovar”.

Dificultades del próximo gobierno

Cualquiera sea el resultado de la próxima elección presidencial, los desafíos centrales de la política económica post-elecciones son 1) el crecimiento de la economía, 2) el control del gasto público y 3) evitar que se dispare la inflación.

Si consideramos que la economía argentina ya se ha recuperado de la crisis de 2001/2002 y que se acerca al potencial de la capacidad instalada, esto significa que para iniciar un proceso de crecimiento —y ya no de recuperación— necesitará de inversión. Sin embargo, la economía argentina se ha alineado en los últimos años a países poco confiables para el capital externo como Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia, lo cual hace difícil esperar la atracción de capitales.

No sólo eso. La salida de capitales ha sido dramática en los últimos años, mostrando que ni los propios argentinos confían en su país. La expropiación de las pensiones y la presión que el gobierno ejerce sobre las grandes empresas ahuyentan capital.

En cuanto al gasto público está claro que la Argentina excede los niveles que puede financiar con impuestos. La diferencia la financia con emisión de moneda, fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y reservas del Banco Central de la República Argentina. Lo dicho tiene varias implicaciones.

Primero, mantener los niveles de gasto presentes, requieren que se mantenga o crezca la recaudación tributaria, para lo cual es vital que los precios de los commodities se mantengan en niveles récord. Esto tiene a su vez dos factores determinantes: Por un lado, la demanda de China, que conjeturamos que continuará; por otro, la política de liquidez de EE.UU., que contribuye a mantener altos los precios de los commodities. Este segundo factor difícilmente pueda mantenerse en el tiempo considerando las dificultades que hoy pasa EE.UU. en material de “riesgo de inflación”, tras una política demasiado laxa.

Segundo, mantener los niveles de gasto presentes, depende del agotamiento de los fondos de la ANSES, los que difícilmente alcancen para otros cuatro años.

Tercero, mantener los niveles de gasto presentes, requiere que las reservas del BCRA no se agoten. Es cierto que algunos analistas se esfuerzan por indicar las abultadas reservas que mantiene el BCRA, sin embargo, hay otros analistas que apuntan a la composición de las reservas, lo cual indicaría que estas son menores de lo que aparentan. Básicamente, señalan que el BCRA ha prestado una gran cantidad de reservas al gobierno a cambio de bonos, y que esos bonos difícilmente les permitan recuperar las reservas en el futuro.

Es cierto, estas reservas también pueden fortalecerse en la medida que mantengamos una balanza comercial favorable con el mundo, pero esto cada vez se complica más, si tenemos en cuenta que el dólar caro de 2003 que impedía la importación se ha convertido en un dólar barato en 2011 que estimula la importación, fruto de que el aumento de precios ha sido mucho mayor que la devaluación del tipo de cambio.

En pocas palabras, el tipo de cambio real está hoy tan sobrevaluado como en la década de 1990, lo cual atenta contra el resultado de la balanza comercial, pero también contra la competitividad de la industria, la que presiona por una nueva devaluación.

No devaluar más el peso complica la competitividad. Pero devaluar acelerará necesariamente la inflación. El dilema es claro.

Conclusiones

Dadas las elecciones de 2011 el gobierno no revertirá la política. Tras las elecciones es necesario que el nuevo gobierno retorne a los niveles de gasto público sostenibles en el largo plazo. Esto significa volver en el mediano plazo a un nivel de gasto público consolidado sobre PIB del 30 %.

Hay dos modos de conseguir esto. El primero, es reduciendo el gasto público, sin embargo, dado el poder que en los últimos años han alcanzado los sindicatos, difícilmente uno puede estimar que tal política sea viable.

El segundo es que el gobierno logre aplicar una regla fiscal según la cual el aumento del gasto público sea siempre a una tasa menor que el crecimiento de la recaudación. Si consideramos que el contexto internacional sigue siendo favorable —al menos por ahora—, esta política puede permitir revertir la tendencia y resolver el problema, considerando que la recaudación puede crecer en el corto plazo. Esto gradualmente achica el tamaño del Estado, al punto que le permitió a Chile disponer hoy de un nivel de gasto público sobre PIB del 18% y ser un modelo para los países latinoamericanos.

¿Tendrá voluntad el gobierno de aplicar una reforma integral del Estado que le permita evitar una nueva crisis profunda? ¿Tendrá tiempo el gobierno de evitar otra depresión? Mi respuesta es negativa en ambos casos. Todo indica que el escenario más probable para los próximos años es: 1) un estancamiento de la economía y creciente desempleo, 2) sucesivos paros generales y revueltas sociales reclamando un aumento del gasto público y 3) una aceleración de la inflación.

Paul Krugman se equivoca en dos claros sentidos. En primer lugar, subestima la pérdida económica y social que implicó la crisis de 2001/2002. En segundo lugar, sobreestima el “crecimiento” de la economía argentina del período 2003/2011. Argentina se recuperó de la crisis anterior, pero el crecimiento no parte desde el pozo en que estábamos en 2003, sino desde la superficie que acabamos de alcanzar. La Argentina está perdiendo una oportunidad única de desarrollo, que otros países latinoamericanos están aprovechando.

Fuente: El Cato

por Adrián Ravier

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Pere Rusiñol ha publicado un polémico artículo en el diario Público de España que podemos resumir en los siguientes diez puntos: 1) que los fondos privados de pensiones que se manejan en los mercados mundiales alcanzan hoy los 12,7 millones de euros, el equivalente a 12 veces el PIB de España y el 27 % del PIB mundial; 2) que llegamos a estos niveles dada la proliferación de estudios en la segunda mitad de la década de 1990 elaborados por el Banco Mundial y otras instituciones financieras que señalaban la quiebra de los sistemas públicos de pensiones y que reclamaban su privatización; 3) que de hecho, entre 1995 y 2000, los fondos privados vivieron un auge excepcional en todo el mundo, pasando a gestionar de 4,9 a 11,5 billones de euros; 4) que en España, tal expansión fue todavía mayor en términos relativos pasando, en el mismo período, de 13 a 38 mil millones de euros; 5) que si bien se esperaba la quiebra para el año 2000, el derrumbe no llegó y desde entonces los ejercicios de Seguridad Social se han cerrado siempre con “superávit”, acumulando ahorros que representan el 6 % del PIB; 6) que, en consecuencia, las pensiones que están en crisis no son las públicas, sino las privadas, las que estuvieron ligadas a la evolución de la bolsa y se hundieron con la crisis financiera internacional de 2008, mostrando el punto débil de la administración privada de pensiones; 7) que las cifras son demoledoras precisamente “en 2008”, donde los fondos privados en el mundo perdieron el 18,3 % de su valor, siendo todavía mayores las caídas en el Reino Unido, EE.UU. y Canadá; 8 ) que en EE.UU. la crisis de las pensiones ya ha estallado, siendo 31 los Estados que están amenazados de quedarse pronto sin dinero para pagar las pensiones prometidas por su sistema privado de capitalización; 9) que en Europa la situación no es mejor y que la recuperación que estamos viendo de las economías es débil; 10 ) que el escenario que se promueve ahora para las pensiones es el anglosajón, donde se fueron reduciendo las pensiones públicas para hacer inevitable el complemento privado.

El resumen refleja que el artículo está bien escrito, bien estructurado y bien documentado, pero intentaremos ofrecer una lectura diferente de los hechos.

La naturaleza coactiva de las pensiones (privadas y públicas)

En primer lugar, es un mito pensar que el sistema de pensiones en problemas que el autor comenta, sea privado. Lo cierto es que en ningún país del mundo se ha eliminado la naturaleza coactiva del sistema, otorgando verdadera libertad para que el trabajador disponga de los frutos de su trabajo y los asigne como mejor le parezca, asumiendo sus propios riesgos. Tanto en el sistema público y de reparto de España, como en el sistema de capitalización privada de Chile, los trabajadores tienen la obligación de aportar un porcentaje mínimo de su salario. Es importante señalar que la situación óptima es la de permitir que cada trabajador asigne el porcentaje que desee al sistema previsional, sea 0 o 100 %, según las preferencias subjetivas de cada individuo. Algunos dirán que algunos sujetos no serán previsores y no ahorrarán dinero para su futuro, pero esto se sostiene sólo si pensamos que el Estado sabe mejor que el propio individuo lo que es mejor para él.

El fracaso del sistema de reparto

En segundo lugar, resulta una fábula destacar los éxitos del sistema de reparto. Creado en 1889 con las mejores intenciones, el sistema de reparto implicaba una proporción en la que 30 trabajadores financiaban a un jubilado. Ya en siglo XXI, los cambios demográficos —la tendencia generaliza hacia una caída en la tasa de natalidad y los avances médicos que alargan la vida de las personas— han modificado esta proporción. Hoy sólo tres trabajadores financian a un jubilado y la proporción será cada vez menor.

El fracaso del sistema queda bien reflejado en las palabras de Alberto Benegas Lynch (h), cuando señala que “[l]os actuales jubilados reciben montos que no guardan relación alguna con lo que han aportado durante su vida activa y la perspectiva de los actuales aportantes se vislumbra como un camino hacia la miseria”.

Las pensiones privadas

En tercer lugar, y este sí es un elemento importante del artículo de Rusiñol, debemos ocuparnos por analizar la coyuntura que enfrentan las administradoras privadas en todo el mundo. Como he destacado en otro lugar, representa un enorme progreso abandonar el sistema de reparto como el de España y reemplazarlo por un sistema de capitalización privada como el de Chile.

En tal sentido están trabajando en España los miembros de la Asociación para la Reforma de las Pensiones. ¿Pero en qué consiste tal reforma? Simplemente en que el dinero vaya a una cuenta privada de cada persona. De ser un impuesto se convierte en ahorros personales. Uno es propietario del capital y este capital crece a un interés compuesto (interés que genera interés) durante treinta o cuarenta años. Cuando uno se jubila no tendrá por qué preocuparse de si el Estado cuidó bien su dinero o en qué condiciones está “la caja” de la Seguridad Social para determinar qué pensión podrá percibir dependiendo de la “bondad” del gobernante de turno. En un sistema de capitalización el dinero está invertido y lo que se percibe a modo de pensión tiene una fuerte relación con lo que se fue aportando y con la rentabilidad que obtuvo la empresa privada elegida.

Más aún, si fallezco antes de percibir estos ingresos, puedo convertirlos en una herencia para mis hijos. También se pueden crear incentivos para favorecer el ahorro y así lograr o jubilaciones más tempranas o rentas de mayor cuantía.

El exitoso caso de Chile

En el caso de Chile, en casi treinta años los fondos de pensiones no perdieron un solo peso. No sólo eso, el sistema se constituyó bajo la previsión de que iba a lograr una rentabilidad anual del 4% y, sin embargo, desde sus comienzos las empresas privadas han cosechado una rentabilidad superior al 10%.

Casi treinta años después, uno puede observar los exitosos resultados del sistema privado. No sólo se ha conseguido duplicar las pensiones que reciben los jubilados, sino que el ahorro que surge como resultado del sistema privado de pensiones ha dado lugar a enormes inversiones que favorecen el crecimiento económico y reducen al mínimo la tasa de desempleo. La reforma chilena fue, en última instancia, la reforma fundamental que causó su milagro económico, hasta el punto de colocar hoy a este país en una situación diferenciada del resto de Latinoamérica.

La crisis de las pensiones privadas

Pero detengámonos aquí por un momento. Decíamos recién que en un sistema de capitalización privada como el chileno, las administradoras de pensiones privadas canalizarán el ahorro de la gente hacia el mercado de capitales, financiando las inversiones de las empresas de mayor envergadura, las que además de crear empleo, potencian el crecimiento económico del país.

La crisis financiera internacional, sin embargo, ha dado un duro golpe a estos mercados en todo el mundo. Las acciones de muchas empresas importantes han caído, y muchas administradoras privadas de pensiones han visto decrecer su capital, aun cuando diversificaron el riesgo.

Esta es la coyuntura que relata Rusiñol para señalar los problemas de las administradoras privadas, inspirada en las sesgadas observaciones de Miren Etxezarreta y Alejandro Inurrieta.

Es cierto que no hay consenso sobre las causas de la crisis. Es cierto que ésta tuvo múltiples causas. Pero como ha señalado Robert Higgs, “[e]n EE.UU., las más importantes fueron las siguientes: la política monetaria de dinero fácil de la Reserva Federal (FED) entre 2001 y 2005, que estimuló el boom inmobiliario; las presiones que muchos burócratas y agencias gubernamentales ejercieron sobre los bancos y otros prestamistas para rebajar los estándares crediticios sobre la concesión de hipotecas, con el fin de prestar más a quienes querían comprar casas y carecían de las cualidades suficientes para recibir préstamos bajo los criterios de evaluación bancaria tradicionales; el rápido crecimiento de las muy apalancadas empresas semi-gubernamentales (GSE, government-sponsored enterprises) Fannie Mae y Freddie Mac, que actuaban como compradoras de hipotecas en el mercado secundario y emisoras de títulos para financiar sus propias operaciones; el fracaso de las (oficialmente privilegiadas) agencias de calificación para identificar los riesgos reales asociados con muchos de los derivados financieros que estaban basados en el flujo futuro esperado de los pagos de préstamos hipotecarios; y el fracaso de muchas instituciones financieras a la hora de reconocer los riesgos reales de sus inversiones, y evitar esos riesgos o protegerse o asegurarse adecuadamente de ellos”.

En pocas palabras, digamos que es difícil negar que han sido los propios estados y las autoridades monetarias las que han generado las burbujas inmobiliarias en EE.UU., Europa y también en algunos países en desarrollo.

Es el propio Estado también el que ha generado la crisis de las pensiones, tanto públicas como privadas. En el caso de las pensiones públicas por el exacerbado gasto público que se consumió no sólo los impuestos, sino también los ahorros de los trabajadores. En el caso de las administradoras de pensiones privadas porque el Estado ha creado burbujas bursátiles e inmobiliarias que se consumen el capital genuino de aquellos que lo trabajan, lo producen y lo ahorran.

Una respuesta al estudio de Rusiñol

Volviendo sobre la síntesis del artículo de Rusiñol, debemos señalar que los puntos 1 a 4 sólo demuestran la preferencia de la gente por el sistema de capitalización, y la tendencia de los gobiernos a ir buscando salidas al sistema de pensiones de reparto, a favor del sistema privado. Que tal expansión de los fondos privados ocurra como consecuencia de los estudios y documentos elaborados por el Banco Mundial y otras instituciones financieras, es una observación miope, que desconfía del sentido crítico de los especialistas en la materia.

En relación con el punto 5, resulta un error conceptual tomar los saldos positivos de cada ejercicio de Seguridad Social como un superávit acumulado que la buena gestión del sistema de reparto está generando. Tal “superávit” no es comparable con la renta que una empresa obtiene luego de deducir de los ingresos generados, todas las erogaciones. En un sistema de pensiones, siempre la caja es positiva, porque justamente está acumulando ahorros que si son bien invertidos permitirán en el futuro ser devueltos al trabajador con la rentabilidad conseguida. Lo que sería interesante que Rusiñol analice, así como lo ha hecho con las pensiones privadas, es tomar la variación del capital acumulado por la Seguridad Social antes y después de la crisis financiera internacional. Sería natural que tales montos caigan, luego de una depresión de las características sufridas por España, Europa y el mundo. Si no cayeron, es debido simplemente a que esos fondos no estaban siendo invertidos en ningún proyecto de inversión, y estaban simplemente perdiendo el costo de oportunidad de obtener la renta para la cual son precisamente ahorrados.

Continuando con la síntesis, y como ya hemos señalado, los puntos 7 a 9 nos indican que las pensiones que están en crisis son tanto las públicas, como las privadas. Las primeras, de reparto, porque son insostenibles en el largo plazo, y en la medida que no se tomen medidas inmediatamente habrá dificultades para ofrecer a la actual población económicamente activa, pensiones que les permita tener una vida digna en el futuro. Las segundas, administradas de forma privada, porque no pueden estar exentas a las burbujas bursátiles e inmobiliarias que las autoridades monetarias generan en todo el mundo y que destruyen capital, fruto del manejo monopólico de la moneda.

Para cerrar, es natural que los gobiernos estén trabajando en una transición como la del modelo anglosajón. Abandonar el sistema de reparto de forma instantánea dejaría a los actuales jubilados sin pensiones, u obligaría a los gobiernos a asumir enormes deudas públicas que permitan sufragar la transición. Esto es la consecuencia lógica luego de que los aportes de los actuales pensionados, hayan sido consumidos por los gobiernos en períodos anteriores. De hecho, sería interesante calcular cuántos meses de pensiones se pagarían con el insignificante ahorro acumulado de la Seguridad Social, que Rusiñol estimó en el 6 % del PIB para España. ¿Alcanza este “superávit” para financiar las pensiones totales de todos aquellos que durante tres o cuatro décadas aportaron al sistema de reparto? Por supuesto que no.

De ahí que la transición necesite ir reduciendo gradualmente las pensiones públicas, para dar lugar a las pensiones privadas. Este es precisamente el desafío que los gobiernos deberán asumir en esta segunda década del siglo XXI y es Chile, a mí entender, el país que cuenta con el mayor éxito en esta tarea en el pasado.

La lección que nos debe dejar Rusiñol es que no alcanza con privatizar las pensiones y cruzarnos de brazos. Necesitamos una reforma integral del estado. Es preciso que además de ampliar las libertades de los trabajadores en relación con la disponibilidad de sus salarios, ataquemos el problema madre de la problemática actual, cual es el monopolio de la banca central en el manejo de la política monetaria.

por Adrián Ravier
Fuente: El Cato

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

El fallecimiento de Néstor Kichner deja en la Argentina un escenario político y económico de incertidumbre.

En lo formal, Argentina pierde a un ex presidente, diputado nacional y presidente del partido justicialista. En lo informal, con su desaparición, la Argentina pierde a su líder político, al líder del kirchnerismo y a un serio candidato en las elecciones presidenciales de 2011.

El escenario político

Recorriendo su trayectoria política, uno observa que en sólo 20 años fue intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz y presidente de la nación. Nunca logró ganar una elección nacional y, sin embargo, nadie pudo disputarle el poder que supo acumular y concentrar desde 2003. Basta recordar que no aceptó nunca sus derrotas electorales, e interpretó a los medios como los responsables, a los que identificó como sus enemigos.

Jamás confió en nadie. Era un líder autoritario, ambicioso y solitario. Como en ningún otro gobierno, monopolizó las decisiones y sus ministros no fueron más que títeres. Como ha dicho Joaquín Morales Solá, “su estilo de gobierno convertía a los ministros en meros conserjes sin decisión propia”.

Sin Kirchner no hay kirchnerismo. No sorprenderá que el Frente para la Victoria se derrumbe en cuestión de meses. El analista político Santiago Kovadloff acierta en señalar que si bien Cristina Fernández fue su aliada, “no la preparó para recibir  su herencia imaginaria”. Disiento con el autor mencionado, sin embargo, en que la oposición no se beneficie políticamente de la desaparición de Néstor Kichner. Pienso que sin Kichner, no hay oficialismo, y esa vacante deberá ser reemplazada en 2011, por una lucha intensa de poder.

Es demasiado pronto para imaginar la contienda de 2011, pero lo cierto es que la oposición —dentro y fuera del justicialismo— ya no necesita buscar consensos o alianzas para enfrentar al oficialismo. Por supuesto que Cristina Fernández podría presentarse en búsqueda de una reelección, pero su poder se encuentra debilitado sin la fortaleza de su marido y con serios problemas que deberá sortear en lo que queda de su mandato (inseguridad y violencia, inflación y lucha de poder).

La fórmula de centro izquierda seguramente surgirá del radicalismo-socialismo, con nombres propios como los de Ricardo Alfonsín-Julio Cobos-Hermes Binner. El justicialismo parece encontrar en Daniel Scioli (gobernador de la provincia de Buenos Aires) a su principal figura, aunque todavía falta mucho y nadie puede descartar la re-aparición en la escena política del senador nacional Carlos Reutemann, la postulación de algún gobernador o la siempre fuerte presencia del ex presidente Eduardo Duhalde. Mauricio Macri, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sería la alternativa real de centro-derecha.

El escenario económico

A esta incertidumbre en el campo político, se suma la incertidumbre en el campo económico. Y es que con Kichner desaparece el Ministro de Economía y el plan de gobierno. Los analistas han coincidido en señalar que antes Martín Lousteau o ahora Amado Bodou jamás ocuparon el rol que la cartera de economía requería.

Joaquín Morales Solá señala que Kichner conocía “los manuales básicos de la economía” y era consciente de la popularidad que hubiera perdido si avanzaba en un programa contra la inflación. De ahí que lo mejor era ignorarla o negarla. Después de todo, también sabía que es posible “coexistir un tiempo con la inflación”.

Algunos analistas destacan en su haber la recuperación argentina post-2001, pero lo cierto es que cuando Kirchner asume la presidencia en 2003, la economía ya había iniciado el camino de la recuperación.

Tuvo la fortuna de gobernar un país en un contexto internacional sin precedentes, pero al igual que sus aliados (Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela y Castro en Cuba) su política desarrollista, proteccionista y contraria a las instituciones, no logró que el país despegue como sus vecinos Chile y Brasil.

El economista Jorge Avila lo refleja claramente: “No fue un hombre de Estado. Gobernó sembrando cizaña, aisló el país del mundo y lo empequeñeció. [H]ace diez años, el PBI argentino era de $300.000 millones y el brasileño de $700.000 millones; en la actualidad, el PBI argentino es de $400.000 millones y el brasileño excede los $2 billones. En una década, el peso económico relativo de Argentina cayó a la mitad (de un 40% a un 20%). Lo peor del caso es que Kirchner veía este desarrollo como algo ‘normal y hasta inevitable’”.

Lo cierto es que los mercados han valorado positivamente la noticia, y esto obedece a la desaparición de Kirchner en la contienda electoral de 2011. El mercado encuentra en cualquiera de los candidatos mencionados, una mayor apertura al diálogo, el fin del autoritarismo, la reinserción de la Argentina en la economía global y un clima más propicio para las inversiones.

En definitiva, el propio Lula ha demostrado que una izquierda moderada también puede iniciar el cambio que países como Brasil o Argentina necesitan.

Debemos distinguir a Kirchner del kirchnerismo. Quien escribe no deseaba la desaparición del ex presidente, pero sí anhelaba el fin del kirchnerismo.

por Adrian Ravier.

Mi amigo y colega Juan Ramón Rallo escribió una réplica el día de hoy a un artículo que publicara el 15 de julio proponiendo a los países miembros de la zona euro, abandonar el monopolio de la moneda en manos del Banco Central Europeo y recuperar las monedas nacionales en competencia, esto es eliminando el curso forzoso.

La réplica no sorprende si uno considera los riesgos de la implementación de mi propuesta —en línea con la de Richard Ebeling— según describiera al final de mi artículo. Mi objetivo aquí, sin embargo, es dar respuesta a los argumentos expuestos y citar la posición de Hayek al respecto.

En el primer párrafo del artículo Rallo explica que socialistas, economistas de Chicago y economistas bien intencionados liberales han alzado voces en contra de la moneda única europea. Vincular mi propuesta con la de los socialistas, algunos economistas de Chicago o incluso la de Paul Krugman, quien ha pedido en los últimos días abandonar el euro para poder devaluar, pienso que puede confundir a un lector distraído. Las propuestas difieren porque los argumentos difieren. Meter todo en una misma bolsa es tan equívoco como suponer que la Banca Simons y la propuesta de Jesús Huerta de Soto en defensa de un coeficiente de caja del 100 por cien, son iguales. Con esto quiero dejar claro que —al igual que Rallo— me opongo a los argumentos expuestos por otros teóricos que critican al euro.

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